La tela de araña de la multipropiedad solía comenzar con una invitación a un hotel. El destinatario había sido agraciado con un regalo. La ofrenda era cierta, puesto que los asistentes salían con un televisor debajo del brazo, pero también con un contrato de compra de un apartamento en régimen de multipropiedad y, en muchos casos, con un préstamo firmado que se preparaba en cuestión de minutos. “Eran reuniones de cuatro o cinco horas con champán. No les dejaban reflexionar”, dice Juan Madrigal-Bormass, abogado de la Asociación Española de Afectados por la Multipropiedad (Ascoe) y uno de los letrados que más sabe de la modalidad inmobiliaria de tiempo compartido, con más de 300 sentencias a sus espaldas y 70 pleitos abiertos actualmente. Estas presentaciones, sumamente agresivas, fueron el origen de un bucle de difícil salida.
La multipropiedad fue un bum en la década de los ochenta y noventa del siglo pasado, pero es después cuando alcanza cotas máximas. “Los años de mayores ventas fueron entre 2002 y 2008. Los bancos empezaron a financiar estas compras tras la regulación del sector en 1998. Se puso de moda y, para poder vender, se financiaba de forma automática”, dice el abogado.
Aunque no hay datos oficiales, Ascoe calcula que en torno a 1,5 millones de personas en Europa compraron tiempo compartido —no se puede considerar que todos sean afectados—. España acumulaba unos 100.000 socios en 2010. “Ha sido el país de Europa en el que más complejos de multipropiedad ha habido, en torno a un 26% del total”, afirma Francisco Claros, consejero delegado de Reclamalia, despacho de abogados. Solo en Canarias el mercado generaba en aquella época unos 220 millones de euros al año y empleaba a unas 10.000 personas, según el entonces Patronato de Turismo de Gran Canaria. “Las islas tenían 150 complejos de multipropiedad de los 345 que había en el país”, añade Claros, que define la situación como “una lucha que dura décadas entre Goliat y David”.
En un principio, el modelo era atractivo tanto para los promotores —que tras la crisis inmobiliaria de 1992 destinaron urbanizaciones completas a esta fórmula para comercializar los apartamentos que no se vendían— como para los consumidores, que veían una manera accesible de tener un apartamento en la playa. El coste medio que pagaba cada familia rondaba los 15.000 euros de media, aunque algunas desembolsaron hasta 50.000 en complejos de lujo —los que entraron en este mercado antes de la entrada en vigor del euro, en 1999, hacían frente a entre 300.000 y 700.000 pesetas—. Ogisaka Garden, Parque Denia, Bahía Azul, Calahonda Campanario, Hotel & Spa Peñíscola Plaza Suites (este último sigue vendiendo multipropiedad)… Decenas de empresas, extranjeras y españolas, vendieron apartamentos bajo esta modalidad en multitud de complejos vacacionales. Hasta que en 2008, con la Gran Recesión, llegó el parón y el declive del mercado.
Evidentemente, no todos los consumidores de este producto fueron víctimas de un engaño. Muchos sabían lo que compraban y, además, tuvieron la fortuna de comprar razonablemente bien. Pero otros muchos desconocían la letra pequeña. Décadas después, “siguen arrastrando el sentimiento de culpa y vergüenza por haber sido estafados”, apunta Alberto Mondragón, presidente de Ascoe.
En la práctica, lo que adquirían era el derecho de uso y disfrute de un turno vacacional concreto: una semana del año en un apartamento en una zona costera de Levante, Costa del Sol, Costa Brava y Canarias. Cada apartamento se dividía en 52 semanas que tiene el año. Los que compraron la semana 13 (marzo), la 40 (octubre) o cualquier otra fuera del periodo vacacional tradicional pronto se dieron cuenta de la trampa, de la que, además, no podían salir. “Hay quien nunca ha usado el apartamento, nunca ha podido ir”, narra Mondragón. Además, cada apartamento lleva aparejada una cuota de mantenimiento excesiva y creciente. “De media son 500 euros por propietario al año. Si multiplicas 500 por 52 socios da 26.000 euros en gastos de mantenimiento por cada vivienda. Este es el verdadero negocio de la multipropiedad”, advierte Mondragón.
Miles de personas han podido escapar de “este mundo de piratas”, como lo califica el presidente de Ascoe. Lo han hecho acudiendo a la vía judicial, una posibilidad que solo tienen aquellos que compraron después de que se regulase legalmente esta figura en 1998. Afortunadamente, “el grueso de víctimas compró después de esa fecha”, dice el letrado Madrigal-Bormass. El 15 de diciembre de 1998 se aprobó la Ley 42/1998, que limita la duración del contrato, no pudiendo ser inferior a tres años ni superior a 50. Desaparecía así la multipropiedad a perpetuidad. Desde entonces, el Tribunal Supremo ha dictado numerosas sentencias que declaran la nulidad de estos contratos. Además, los afectados han podido recuperar todo o parte del dinero.
Como las comercializadoras de multipropiedad ya no existen, quien responde solidariamente es el banco. “Los más activos entre los años 2000 y 2004 fueron BBVA, Ibercaja, Caja Madrid, La Caixa, Banco Santander…”, afirma el presidente de la asociación de afectados, que también fue víctima de este engaño. “Nos lo vendieron en un hotel en San Sebastián, nos regalaron un home cinema y brindamos con champán. Salimos de allí con la sensación de haber hecho un negocio de la leche”. Compró en 2007 la semana 47 del año (diciembre) en un complejo en Denia (Alicante) a la empresa Turihoteles. En 2011 un juzgado declaró nulo su contrato y recuperó los 13.500 euros pagados en la operación más 1.800 euros de intereses. La asociación que preside, que lleva 16 años luchando para ayudar a los afectados, ha logrado que más de 12.000 propietarios hayan podido escapar de la multipropiedad.
Los peor parados
Los que compraron antes de la regulación de 1998 lo tienen más difícil porque no pueden recurrir a los tribunales. Pablo Muñoz, de 43 años, es heredero junto a sus cuatro hermanos de la multipropiedad a la que se ataron sus padres en 1994 y que les da derecho a disfrutar de la semana del 8 al 15 de junio en Alcossebre (Castellón). Es muy frecuente que los hijos que heredan estos productos quieran deshacerse de ellos. “Nos cuesta aprovecharlo porque coincide con los exámenes de los niños”, indica. Además, la cuota de mantenimiento ha pasado de 300 a 500 euros al año.
Estos socios solo tienen dos caminos. Uno es llegar a un acuerdo con el propio complejo, algo complicado porque, en general, estos quieren socios que paguen las cuotas y no semanas en temporada baja. El otro es transmitir la semana a un tercero. “Se puede vender, pero no hay mercado, nadie quiere multipropiedad, carece de interés”, dice Mondragón. “Es un sistema vacacional obsoleto”, ratifica Claros. Bien lo sabe Muñoz: “Llevamos dos años intentando venderlo o alquilarlo”.
En Milanuncios alguien que se identifica como Alfredo regala su semana de multipropiedad en Cala Codolar, en Ibiza. Se trata de la 46, es decir, en noviembre. En cambio, Esther compró en 1991 un apartamento en La Pineda (Tarragona) que vende por 15.000 euros. “Es la semana 33, que corresponde a agosto. Lo vendemos porque mis padres necesitan el dinero. Si no, no lo haríamos”, explica.
También puede ser una opción recurrir a empresas que ofrecen comprar semanas, aunque hay que ir con cuidado. “Muchas son piratas de la multipropiedad que se han creado al olor del dinero y que pagan un euro”, dice Mondragón. Y añade: “Algunas empresas ponen como valor de compraventa un euro y, además, cobran 1.500 euros al socio por ser liberado”.
